Entre el circo y el disparate. En Viedma, juez absolvió a un dirigente social acusado de usurpación por colaborar en una toma

Por Abner Lobos Franco*

Las organizaciones sociales celebraron como un triunfo el fallo judicial de este jueves que absolvió a Hugo Aranea, acusado de usurpar tierras en una toma realizada en el 2020 por vecinos sin casa de esta ciudad. La sentencia absolutoria puso fin a un juicio oral que comenzó el lunes y finalizó el jueves 11 de agosto.

La causa inventada contra el titular de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma era descabellada, por decir lo menos. Vamos viendo. La fiscal Paula Rodríguez Fransen imputa a Aranea por usurpación. El delito era haber colaborado en la construcción del merendero Nueva Vida en la toma que se levanta en uno de los ingresos a la ciudad. Sólo eso, porque el dirigente social no ocupó ningún terreno, no integra la organización que la impulsó ni vive en la toma.

Un absurdo por donde se lo mire porque además, la propia fiscal domicilió al imputado en otra dirección que es donde realmente vive. Rarísimo todo porque estábamos en presencia de un usurpador que no usurpó y que vive en su casa en otro sector de la ciudad. Ah, un dato importante: la acusación databa el “hecho delictivo” el 14 de agosto del 2021, casi un año después de la toma real.

El juicio fue puro circo. La fiscal Paula Rodríguez Fransen formula la acusación de usurpación sin ponerse colorada, como si nada, casi orillando el ridículo. Lo más grave que dijo la fiscal fue que Aranea estaba pegando ladrillos en el que luego sería un comedero dentro de la toma. Eso, cuchara en mano dando una mano a los vecinos. Terrible delito, como se ve.

A la pasada la funcionaria revoleó artículos del código penal y ofreció testigos… ¿a quiénes?, a dos comisarios que intervinieron en la causa. ¿Y a quiénes más? A dos empleados del poder judicial que grabaron otro juicio relacionado con la misma toma. ¿Qué declararon? Eso, que habían grabado la audiencia. Ya sé, usted lee esto y se asombra. Nosotros también.

Lo llamativo es que contrariamente a la mirada punitivista de la representante del Ministerio Público, ese comedero recibe ayuda de Nación, de la provincia de Río Negro y del municipio de Viedma. Otro dato importante es que el contrapiso de la obra fue donado por una empresa cementera y a la inauguración asistió el mismísimo Secretario de Desarrollo e Integración Social del Municipio de Viedma. O sea, hay un claro reconocimiento oficial y social, y con fuerte presencia en el barrio. Pero el malo era Aranea por pegar ladrillos.

Llamó la atención que en ocasión de las testimoniales el abogado querellante no abriera la boca. Se limitó a decir que ya estaba todo dicho por la fiscal. “Es que con fiscales así no necesitás querella”, comentaba un asistente a la audiencia. Mientras, el representante de la familia propietaria ensayó el conocido recurso de supuestos emprendimientos frustrados con la toma. En realidad el predio tomado era un molesto basural que contaminaba el ambiente y afectaba la salud de los vecinos.

Por suerte el fallo absolutorio del juez Guillermo Bustamante puso algo de cordura en un juicio que no tenía patas ni cabeza y le salvó las papas a un poder judicial en franco descrédito. Simple, no hay delito dijo el juez y de alguna manera fijó jurisprudencia. No se puede condenar a quien se solidarice con los más pobres que muchas veces deben recurrir a la acción directa para alcanzar un derecho que les es negado.

Aranea, el imputado no quiso hablar en el juicio. “Ni loco, dijo. Hacerlo era darle entidad a un sinsentido que no podía terminar de otra manera que con la absolución”, afirmó. Para aclarar luego que “lo que se buscaba era condenar la solidaridad, el acompañamiento que sectores gremiales y sociales hacemos a todos los que luchan y en especial a los desocupados, a los marginados y a los que no tienen una vivienda propia”, concluyó.

Por su parte, el abogado defensor Diego Sacchetti, que representa también a otras familias acusadas de usurpación, dijo en el juicio que en este caso no se daban ninguno de los requisitos que establece el código penal porque Aranea no violentó ni despojó a nadie, como lo reconoció la fiscal que admitió que Aranea no vive en la toma y tiene su propia residencia en otro sector de la ciudad.

Además, hizo hincapié en que si existió despojo “eso ocurrió casi un año antes de que Aranea colaborara en la construcción del merendero”. Señaló que la posición de la fiscal “contrasta con la de Nación, provincia y municipio que colaboran con las familias de la toma” y finalmente destacó la iniciativa de los vecinos y de quienes colaboraron para construir ese espacio con el fin de alimentar a los más pequeños.

Bueno es recordar que la justicia provincial ya condenó a tres vecinos de Viedma por haber participado en esa misma toma y otros siguen enjuiciados esperando sentencia. Mientras tanto, las tomas de terrenos continúan y las organizaciones sociales y algunos gremios acompañan solidariamente.

Hugo Aranea es un reconocido dirigente social, titular de la CTA-A -cargo en el que acaba de ser reelecto- y también dirigente destacado la Coordinadora del Parlamento Mapuche que lucha por la tierra, la preservación de la cultura, la lengua y las costumbres ancestrales de ese pueblo originario.

Conocido el fallo de absolución hubo celebración. Celebraron los cientos de militantes que acompañaron a Aranea durante el juicio, los movimientos sociales y, por supuesto, las familias que participaron en la toma. Familias humildes, desocupados, changarines, trabajadoras del hogar, que no pueden alquilar y que necesitan un lugar donde vivir.

Entre el circo y el disparate. Podría ser un cuento, una ficción, pero esto no es literatura, es el nivel de degradación a la que pueden llegar sectores de la justicia para condenar no sólo a los que en su desesperación toman terrenos, sino también a los que arriman su solidaridad con los más humildes. Por eso la absolución de Aranea tiene especial relevancia porque frena de alguna manera esta escalada punitivista.

*Comunicador social